La pasarela que nadie desmontó
El 18 de septiembre de 2024, la Consejería de Fomento instaló una pasarela metálica de 112 metros entre el barrio de La Vega y el polígono de Villamayor. El anuncio oficial hablaba de seis meses.
Dos años después, los tornillos siguen ahí y el puente definitivo, adjudicado por 8,4 millones de euros a la UTE Construcciones Ávila–Hormigones del Duero, no tiene ni una pila levantada.
A las 7:40 de la mañana, la pasarela hierve. Cientos de trabajadores del polígono la cruzan en bicicleta o a pie porque el autobús urbano, la línea 12, sigue desviado por el puente medieval de Enrique Estevan, y ese rodeo añade 23 minutos al trayecto, según los cálculos que maneja la asociación de vecinos desde hace más de un año.
«Aquí no hay un problema de tráfico», dice Rosario Nieto, presidenta de la asociación vecinal La Vega Unida, mientras señala las grietas del pavimento provisional. Nieto lleva desde 2024 reclamando una fecha concreta. No la ha obtenido.
Catorce meses de silencio administrativo
Los papeles explican parte del retraso, pero no todo. La obra se adjudicó en marzo de 2024 con un plazo de ejecución de 26 meses. En junio de ese año, un informe de la Confederación Hidrográfica del Duero detectó que el proyecto inicial no contemplaba bien el desagüe en avenidas ordinarias. Hubo que redactar un modificado. Ese modificado tardó once meses en aprobarse.
Después llegó el problema del suelo: los sondeos de 2025 revelaron que la margen derecha tiene un estrato de grava suelta de hasta nueve metros, no los cuatro que figuraban en el estudio geotécnico de 2022, y recalcular los cimientos costó otros cuatro meses y 1,17 millones extra que nadie había presupuestado.
La UTE no ha querido hacer declaraciones. Fuentes de la Consejería admiten que el calendario actual, con finalización prevista para diciembre de 2027, «depende de que no aparezca nada nuevo».
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Salamanca ha prorrogado tres veces el contrato de alquiler de la pasarela, a razón de 4.800 euros mensuales. En total, 115.200 euros pagados por una infraestructura que debía ser temporal. El último contrato vence el 31 de enero de 2027.
Autobuses que no llegan y turnos que se pierden
El impacto laboral es medible. La empresa de logística Transportes Miranda, con 180 empleados en el polígono de Villamayor, calcula que un 12% de su plantilla ha llegado tarde al menos una vez por semana en el último año. «No es que la gente no madrugue, es que el transporte no aparece», explica su director de recursos humanos, Andrés Pablos. La empresa ha fletado dos microbuses propios desde el barrio de Pizarrales. Cuestan 34.000 euros al año.
La línea 12 del autobús urbano, que antes cruzaba el río en ocho minutos, emplea ahora 31 en hora punta, y el Consistorio sostiene que el desvío se mantendrá hasta que el nuevo puente esté operativo, sin ofrecer alternativa mientras tanto.
Los vecinos de La Vega han recogido 6.700 firmas para pedir una lanzadera directa al polígono. La respuesta municipal llegó en julio: un estudio de viabilidad con plazo de seis meses.
No todo el mundo espera sentado. Cuatro vecinos de La Vega montaron en abril una cooperativa de bicicletas eléctricas compartidas. Se llama Tormes Pedalea y tiene 72 socios. La cuota son 18 euros al mes. Funciona.
El comercio que se adaptó al desvío
A 900 metros de la pasarela, en la calle Francisca Espinosa, el bar La Sirena lleva 34 años abierto. Su propietario, Julián Marcos, notó el golpe en 2024: perdió el 30% de la clientela de desayuno. «Los del polígono ya no bajan», resume.
En enero de 2025 cambió el horario y abrió a las 6:15 en lugar de las 7:00. Recuperó parte del negocio. No todo.
La panadería de enfrente hizo lo contrario: cerró en noviembre de 2025 después de 19 años, y su última dueña, Manuela Herrero, explicó en una carta a los clientes que el alquiler, 1.350 euros, ya no cuadraba con las ventas de un barrio partido en dos por una obra interminable.
El local sigue vacío.
Hay excepciones que crecen. El taller de reparación de bicicletas Bicis Tormes duplicó su plantilla en un año: pasó de dos a cuatro mecánicos. Su facturación subió un 41% en 2025. «Cada retraso de la obra es un cliente más», admite su gerente, Óscar Bermejo, sin entusiasmo.
Lo que dicen los que firman los papeles
La Consejería de Fomento convocó en junio una reunión informativa en el centro cívico de La Vega. Asistieron 140 personas. El director general de Infraestructuras, Ignacio Beltrán, prometió entonces que las primeras pilas serían visibles antes de fin de año.
A día de hoy, la parcela sigue vallada y sin maquinaria pesada.
Beltrán atribuye el parón a «la complejidad geotécnica» y a la necesidad de coordinar la obra con el nuevo colector de aguas pluviales, que ejecuta el Ayuntamiento con 2,3 millones de euros, un proyecto que también empezó en febrero de 2025 y que debía durar nueve meses, aunque sigue abierto sin fecha clara de cierre.
El portavoz municipal de Izquierda Unida, Fernando Calzada, ha pedido en dos plenos consecutivos una auditoría del sobrecoste. La moción se rechazó ambas veces. Calzada calcula que el retraso acumulado elevará el coste final por encima de los 11 millones. La Consejería no confirma esa cifra.
Mientras el puente llega
La vida en La Vega se ha reorganizado alrededor del hueco. Los martes y jueves, un grupo de vecinos cruza la pasarela a las 6:50 para coger el microbús de Transportes Miranda. Comparten grupo de mensajería y turnos. Se llaman a sí mismos «los del puente».
El colegio público Filiberto Villalobos cambió el horario de entrada en septiembre de 2025 para reducir el tráfico en la rotonda de acceso: ahora abre a las 8:50 en lugar de las 9:00, y la medida funcionó, porque los atascos de la entrada cayeron un 22%, según datos del propio centro.
Nadie sabe cuándo estará el puente. Rosario Nieto ya no pide fechas. Pide que alguien venga a ver la pasarela un lunes a las 7:40. «Que vengan andando, como vamos nosotros», dice. La próxima reunión con la Consejería está fijada para el 3 de noviembre. No es la primera.
